“No se pueden  hacer buenos negocios con malas personas”, Warret Buffet (recogido en el libro “El tao de Warrent Buffet”)

Cada día, el inversor se enfrenta a una pregunta a la hora de elegir una empresa que realmente cuesta responder:

Esta empresa o activo financiero en el que voy a invertir ¿cumple con mis estándares personales de ética? ¿Cómo puedo saberlo? ¿Respetan los derechos humanos o la ecología o algunas cuestiones que son importantes para mí?

Importancia creciente

Cada vez tiene más importancia para el inversor medio la calidad ética de la empresa en la que invierte. A fin de cuentas, nuestro dinero va destinado a sus valores, a su disposición política, a sus remilgos económicos (o ausencia de éstos) y por tanto no es algo que pueda dejarse en el tintero a la hora de invertir. 

Un caso flagrante de inversiones que van a parar a la explotación infantil y a la violencia extrema es el caso del comercio del coltán, un mineral utilizado para las baterías de muchos aparatos electrónicos como los teléfonos móviles, los drones, los GPSs y otros dispositivos de uso frecuente. El Congo contiene el 80% de la reserva de coltán del mundo y esto ha provocado que el país se encuentre convulsionado por los distintos intereses. La mera comercialización del coltán, mirando hacia el otro lado frente a la exclavización de poblados congoleños enteros, provoca que empresas e incluso gobiernos cuenten con una reputación ética discutible. 

Mifid II

La Comisión Europea ha propuesto modificar Ley Mifid II para que en sus cuestionarios, se incluya la opción de que el inversor esté informado de si los productos de inversión que van a contratar tienen consideración de ESG (siglas de Environmental, Social, Governance), lo que significa que tienen un compromiso con la sostenibilidad del planeta y una clara vocación socialmente responsable. 

La Ley Mifid nació en Europa como una forma de proteger al inversor medio para frenar los abusos de la banca y las empresas financieras a la hora de vender sus productos de inversión. Este ley obliga a estas entidades a pasar un formulario que recoge los conocimientos del  inversor en la contratación de productos financieros que contienen un riesgo para su patrimonio. 

Esta modificación supondría un cambio en la forma de invertir del cliente. Implicaría introducir en los formularios cuestiones sobre el grado de implicación social de los organismos implicados en los productos financieros en los que va a invertir al cliente y esta inclusión permite que el propio cliente sea consciente de que podría estar invirtiendo en compañías que no se cuestionan la ética de sus negocios. 

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